La transnacional minera Anglo American PLC inició hace dos años la exploración minera para extracción de cobre en el área del Cedral (Territorio Ancestral Inga y Kamentsa), lugar donde se encuentran diferentes ríos del Valle Sibundoy con el río Putumayo, sitio limítrofe entre los resguardos de San Andrés y San Francisco donde habitan familias de la etnia Quillasinga y campesinas. Este proceso de exploración ha sido turbio en tanto hoy día 12 de enero de 2012 es la primera vez que la comunidad de San Andrés sabe del proyecto a manos de la empresa. Durante dos años esta empresa ha realizado exploraciones sobre el area de Mulachaque y cerro Patascoy a espaldas de las comundades, custodiadas por patrullas móviles del ejército colombiano, violando la autonomía territorial de los pueblos y envaucando dirigentes a escondidas.
El avance del proyecto de la AngloAmerican, supone el desplazamiento forzado de la población de la vereda el cedral con el fin de llevar a cabo la explotación minera, además de un grave daño ambiental por apertura del cráter de extracción y la consiguiente contaminación del aire y de las fuentes de agua adyacentes que dan rio a bajo al Putumayo.
Hay que tener en cuenta la importancia del río Putumayo, que es uno de los principales afluentes de la Amazonia colombiana, del cual viven y sustentan sus practicas ancestrales como la pezca, la caza y la recolección de plantas medicinales (YAGE) y alimenticias diferentes Pueblos indígenas (Inga, Siona, Cofan, Muruy, Coreguaje, entre otras solo del departamento de Putumayo) que se encuentran en inminente peligro de extinción según el Auto 004 de la Corte Constitucional, comunidades afro en inminente peligro de extinción según el Auto 005 de la Corte Constitucional y comunidades campesinas. Además, en este río se sustentan una serie de ecosistemas únicos en el mundo con una gran diversidad de especies de flora y fauna.
Es sabido que con la llegada de esta empresa, aparecen también otro tipo de actores externos como grupos armado ilegales y migrantes de otras regiones y países por oportunidades de trabajo, que desencadenan nuevos procesos de colonización los cuales generan problemáticas como violencia, prostitución y desplazamiento. Esto conlleva el desarraigo cultural de las comunidades hacia su territorio, y su consiguiente extinción, siendo esto una violación directa a los derechos fundamentales de los pueblos que habitan este territorio.
En la reunión de hoy 12 de enero, los representantes de la empresa hablaban de los logros de la misma a nivel internacional y la responsabilidad social que acompaña a sus proyectos, como las minas Collahuasi y Los Bronces en Chile, las cuales representan el 41% de las utilidades de la empresa a nivel mundial. Sin hablar del paisaje desolador y totalmente estéril que va dejando a su alrededor, lo que evidencia las reales problemáticas que genera este tipo de explotación minera a cielo abierto.
La consulta previa se establece en la legislación colombiana e internacional como una garantía de las comunidades frente a la aceptación o no de este y otro tipo de proyectos en sus territorios, pero la Anglo American PLC plantea dicha consulta previa como una herramienta de segregación de las comunidades en tanto busca una pequeña representación de la comunidad (en este caso el Cabildo Inga de San Andrés), sin tener en cuenta que los derechos reales de una consulta previa, libre e informada son crear un proceso en el cual toda la población afectada por este tipo de proyectos (en este caso San Francisco, comunidad Quillasinga del Cedral y Porotal, y más aun las comunidades afectadas aguas abajo del río Putumayo) sean partícipes y libres en sus decisiones frente al proyecto minero.
Vemos que no existe claridad real frente a cómo es el proceso de extracción del mineral y cuáles son las implicaciones reales hacia la comunidad y la naturaleza, pues cuando en la reunión la comunidad ha preguntado acerca del proceso de extracción, los representantes de la empresa ignoraron la pregunta, reduciendo este encuentro a exhibir las posibilidades de financiación de pequeños proyectos en la comunidad de San Andrés, ante un reducido auditorio que no es el total de la comunidad y tampoco de los directos afectados por esta concesión minera.
Por otro lado, se evidencian los intereses particulares existentes detrás de este proyecto en la figura del señor Alexander Mejía, director regional de Corpoamazonia (corporación regional para la protección del medio ambiente en la Amazonia colombiana) quienes acompañan las iniciativas mineras y dan avales a las fases de exploracion sin mayores reparos a la Anglo American PLC para acabar con la parte alta del río Putumayo y gran parte de la Amazonia. Ante esto, denunciamos el papel de este tipo de instituciones estatales que van en contra de los principios por los cuales fueron creadas. Además, vemos como la familia Mejía forma parte del negocio de la minería en el Alto Putumayo, pues Patricia Mejía, hermana de Alexander Mejía, es la representante legal de Anglo American PLC hacia las comunidades en el Valle de Sibundoy; y la prima de Alexander Mejía, Aura Mejía, es la esposa de Tito Iván Barrera, alcalde del municipio de Santiago, el cual se perfila como uno de los principales promotores de la minería a cielo abierto en el Valle de Sibundoy.
Gran parte de la comunidad tiene ignorancia sobre el tema, no sólo sobre los planes de la empresa, sino sobre las verdaderas implicaciones de su presencia aquí; todo esto empeorado por unos cuantos que se toman la vocería de la comunidad irresponsablemente sin comprender, o peor aún, comprendiendo las implicaciones hacia un futuro para la existencia o no de nuestros pueblos.
Vemos que las prácticas de Anglo American PLC no han cambiado alrededor del mundo, que su discurso de "responsabilidad social" de estas empresas en casos como los de Filipinas, Ghana, Mali, Sudáfrica y Colombia (en la explotación de carbón de El Cerrejón), implica que las comunidades vivan en espacios represivos, territorios contaminados, privatizados, en fin, al borde de la muerte. Igual pasa con su filial Anglo Gold Ashanti, la cual enfrenta denuncias sobre financiación de grupos paramilitares, en el Congo donde reconocieron su vínculo, y en Colombia donde existen procesos de persecución y asesinato de miembros de la Federación Agrícola y Minera del Sur de Bolívar (FEDEAGROMISBOL) en la Serranía de San Lucas y miembros del Consejo Comunitario de Comunidades Negras de La Toma en la región de Suárez en el norte del Cauca.
Actualmente en el Valle de Sibundoy, el estado colombiano ha otorgado permisos de exploración sobre unas 18.000 hectareas y concesionado por lo menos 7 áreas para extracción minera de cobre, oro, zinc, molibdeno y níquel en territorios de alta riqueza ambiental, donde nacen los rios Putumayo, Mocoa, Guamuez, entre otros. Frente a estos antecedentes, es de temer el futuro que le espera a la región y sus habitantes.
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Colectivo de Comunicación Territorio Tamabioy
